Jueves 2 de febrero 19,30 h. Salón de Actos de Económicas C/ Dr. Cerrada.”Quiénes son los mercados y cómo nos gobiernan” con Bibiana Medialdea, economista y coordinadora del libro.

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¿Quienes son los mercados?¿y las agencias de calificación?. Sobre el papel de los bancos en la crisis actual y los intentos de convertir la deuda privada en deuda pública. La economía no es la realidad inmutable que nos quieren presentar, ¿que podemos hacer los y las de abajo ante la crisis actual?.

A continuación un capítulo del libro. El libro, que esta publicado con licencia  creative commons,  se puede descargar “free” aquí:
http://www.icariaeditorial.com/pdf_libros/Quienes%20son%20los%20mercados.pdf
¿Cuáles podrían ser los primeros pasos para una gestión alternativa de la crisis?

Para  poner en marcha un conjunto de medidas como el que se esboza en la pregunta anterior, convendría priorizar aquéllas que son más acuciantes desde el punto de vista social, así como las necesarias para, posteriormente, ir desarrollando el resto de propuestas. En concreto, habría que priorizar medidas en cuatro ámbitos:

En primer lugar, las necesidades sociales más urgentes son las que sufre la población desempleada y la que está siendo desalojada de sus viviendas habituales. Frente al desempleo debieran articularse medidas de hondo calado, como la puesta en marcha de políticas públicas orientadas a la creación de empleo y el recorte de la jornada y la vida laboral (ver pregunta 10). Pero a corto plazo se impone atajar de forma inmediata la grave situación actual. Para ello, debieran prohibirse despidos en empresas que estén registrando beneficios, así como alargar el subsidio que reciben las personas desempleadas hasta que sea posible su inserción laboral.

Por otra parte, urge llevar a cabo una auditoría de la deuda privada hipotecaria, para identificar y analizar la deuda de familias que sufren graves dificultades económicas y corren el riesgo de ser desahuciadas de sus casas. Además de paralizar de forma inmediata esos desahucios, debería habilitarse la dación en pago, de forma que se anulara la deuda pendiente una vez que la familia pierde la propiedad de la vivienda. Pero aunque se pierda la propiedad, es fundamental que se garantice que la familia pueda continuar viviendo en esa casa en régimen de alquiler social (ajustado a sus condiciones económicas.)

En segundo lugar, es urgente comenzar a enfrentar el chantaje al que los poderes financieros nos someten con la excusa de las crisis de deuda pública (ver preguntas 5 y 7). Para ello, los bancos centrales (en nuestro caso, el BCE) tienen que garantizar que cubrirán adecuadamente las necesidades financieras de los Estados, mediante la emisión del dinero necesario para comprar su deuda pública en el mercado primario a un coste asequible. Esta garantía impediría de facto que los agentes privados se enriquecieran especulando con los títulos públicos. Además, podría establecerse un período mínimo de permanencia obligatorio, para que los agentes que compren deuda pública no puedan venderla en un plazo excesivamente corto (base de las operaciones especulativas), prohibiendo las operaciones que permiten manipular, su precio de forma interesada. Por otra parte, hay que abrir una auditoría realizada por expertos independientes y agentes sociales que determine la legitimidad de la deuda pública.

Este análisis permitiría determinar qué parte de la deuda no se debería reconocer: aquélla derivada de operaciones especulativas o tipos de interés abusivos, así como de gastos que no hayan sido acometidos a favor del interés general de la población. Ésta sería una forma eficaz de romper con la dictadura de los mercados: no reconocer la parte del coste de la crisis que se están cargando sobre las espaldas de toda la población a través de los intereses de la deuda pública. Además, este observatorio público sobre la génesis y evolución de la deuda serviría para detener el proceso de socialización de deuda privada en curso (ver pregunta 4)

En tercer lugar resulta prioritario tomar medidas que incrementen la capacidad financiera de los Estados: es de crucial importancia que se pueda movilizar una cantidad importante de recursos públicos, revirtiendo el proceso de los últimos años (ver pregunta 6). En realidad, como ha demostrado la ingente dotación de dinero público dedicada a rescatar al sistema financiero de sí mismo, existen los recursos suficientes. Sólo se trata de canalizarlos de forma adecuada. Una reforma fiscal amplia y muy progresiva sería la medida más eficaz para evitar un endeudamiento público excesivo. La tasación de las SICAV, donde la población de más renta acumula su patrimonio financiero y que actualmente tributan sólo al 1%, es un primer paso imprescindible.

La lucha contra el fraude fiscal y la eliminación de los paraísos fiscales también supondría una forma rápida y eficaz de incrementar los recursos públicos. Por último, los grupos sociales que cuentan con más patrimonio y renta deben aumentar de forma considerable e inmediata su contribución: debe restablecerse el Impuesto sobre el Patrimonio, así como elevar el Impuesto de Sociedades y los tipos máximos del IRPF.

Por otra parte, es necesaria la creación de una banca pública a partir de entidades rescatadas por el Estado. Ya que suponen un coste considerable, además de un enorme riesgo sistémico, el Estado debiera disponer de esas entidades para garantizar crédito suficiente a las empresas que podrían generar empleo en actividades socialmente útiles y ecológicamente sostenibles. Las viviendas que permanecen vacías y han pasado a ser propiedad de estos bancos, deberían conformar el parque público de alquiler al que nos referimos más arriba.

Por último, una vez ganado cierto margen de maniobra frente a la dictadura de los mercados y habiendo recuperado capacidad financiera, habría que empezar a poner en marcha el programa de inversión pública al que nos referíamos en la pregunta 10.

Un programa potente de inversión en servicios públicos orientados a la población dependiente (escuelas infantiles, residencias para mayores, programas de asistencia social), sería un primer paso fundamental: además de generar empleo y suponer una mejora sustancial en la calidad de vida de la población, colaboraría en el avance hacia un modelo del reparto del trabajo remunerado y no remunerado entre mujeres y hombres más equilibrado.

Una segunda área de inversión pública prioritaria es la relacionada con la reestructuración ecológica de nuestro sistema productivo. Una apuesta pública decidida a impulsar el sector de las energías renovables, la movilidad sostenible, y la rehabilitación energética de edificios, podría generar 475.000 empleos estables de aquí a 2020 (ISTAS, 2011).

Así, este programa de inversiones públicas, que contribuiría a la generación de empleo estable y de calidad y, con ello, a la mejora de la capacidad adquisitiva y las condiciones de vida de la población, serviría también para ir remodelando nuestro esquema de crecimiento económico hacia uno más sostenible desde un punto de vista ecológico, así como más favorable a la igualdad económica entre hombres y mujeres.

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