La explosión de la crisis de la deuda griega, la situación de permanente chantaje mediante la cual los mercados financieros mantienen a Estados como España, Italia o Portugal al borde del abismo financiero, así como la enorme debilidad institucional que está demostrando la UE a la hora de gestionar situaciones de crisis, explicita la verdadera naturaleza del proyecto europeo. Una UE diseñada para beneficiar al capital, sobre todo financiero, e incapaz de cohesionar la región a partir de bases económicas y sociales convergentes. Un euro muy eficaz para imponer la disciplina fiscal y el ajuste salarial pero que ignora las importantes diferencias económicas entre las regiones europeas, por lo que es inválido para lograr cierta homogeneidad (ni siquiera financiera) entre los países de la Unión. Unas instituciones competentes para despojar a los Estados de su capacidad de intervenir sobre aspectos de política económica fundamentales, pero que tampoco diseña políticas económicas coordinadas y eficaces a escala europea.
Una UE como la que conocemos, constreñida por el Pacto del Euro y al servicio de los intereses de los bancos, no va a permitir que los países europeos salgan de la crisis. Ni Grecia ni el Estado español podrán hacerlo si se insiste en seguir aplicando las mismas medidas. En primer lugar, porque los países del euro ya no tienen capacidad para devaluar sus monedas, lo cual les facilitaría vender de forma más ventajosa sus productos en el extranjero y de esta forma contribuir a la reactivación de la actividad económica y el empleo. Sobre este aspecto, es interesante analizar las distintas trayectorias de países como Suecia y Noruega (que han utilizado la devaluación) frente a Finlandia (que no ha podido hacerlo).
En segundo lugar, los acuerdos de la UE impiden operar una política fiscal expansiva (incremento potente del gasto público) que tan necesaria sería en esta situación. Los objetivos institucionalmente comprometidos de déficit y deuda pública, en un contexto de consenso generalizado sobre los recortes de impuestos, suponen un corsé muy severo para la realización de gastos públicos. Así, a pesar de la urgencia de una fuerte intervención estatal al servicio de la creación de empleo y la transformación del modelo productivo con criterios de utilidad social y sostenibilidad ambiental, el “remedio” que nos llega de las instituciones europeas son recortes sistemáticos del gasto público.
Por último, tanto los bancos centrales de los países de la Unión como el BCE carecen de potestad para incidir de forma efectiva sobre la emisión de dinero y su precio (los tipos de interés). Ahora sería necesaria la aplicación de una política monetaria, con un BCE que asumiera sus responsabilidades para con la ciudadanía y que dejara de actuar como representante de los acreedores (bancos y otros agentes que poseen deuda). Cuando los Estados lo necesitan, como ahora el griego, el BCE debería comprar su deuda pública, en vez de financiar a los bancos privados para que lo hagan a un coste mucho mayor (tipos de interés más altos) y enriqueciéndose con la operación. Lo que un banco central responsable debe garantizar no es la alta rentabilidad de los activos financieros (como la deuda pública), sino el establecimiento de condiciones monetarias y financieras que colaboren en la reactivación de la actividad económica y la generación de empleo. Y ambos objetivos, particularmente en coyunturas como la actual, son incompatibles.
Hacia una Europa social y democrática
La Unión Europea, con sus planes de rescate, con el Pacto del Euro como esquema general, conduce a la propia zona euro al abismo. Con su política de austeridad encierra en una espiral depresiva sobre todo a aquellos países periféricos a los que se les exige unas condiciones draconianas. Si ahora es Grecia la pieza más frágil, pronto seguirán otros países cada vez más exhaustos por las condiciones regresivas de esta Europa.
Pero no podemos olvidar que existe la posibilidad de desarrollar políticas europeas solidarias, fundadas en un régimen fiscal armonizado, progresivo y directo y un presupuesto público muy superior al actual (que no supera el 0,7% del PIB); un modelo laboral y de derechos sociales convergente al alza; un sistema de compensación y solidaridad social e interterritorial que contrarreste la desigualdad capitalista que le acompaña; así como un plan de inversión y cooperación internacional reactivador, social y ecológicamente avanzado y sostenible. La Unión Europea apuesta por un modelo de concentración de privilegios y beneficios para la gran banca y las grandes corporaciones industriales y energéticas, sacrificando a los y las trabajadoras, y destruyendo una parte del tejido productivo menos rentable. Pero esa no es la única opción existente.
Es preciso luchar por Otra Europa, con un esquema de políticas redistributivas, solidarias e integradoras que hagan pagar a los capitalistas su crisis. Es necesario luchar por un modelo de Europa en el que los financieros no puedan seguir chantajeando a gobiernos y parlamentos y empleando como títeres a las instituciones europeas para presionar a los Estados miembros.
Un primer paso: por una Auditoría Ciudadana de las Deudas
Pero mientras ese puede ser un proyecto por el que luchar, ante el giro a la derecha en Europa y el secuestro antidemocrático de las instituciones europeas por las oligarquías financieras, es conveniente encontrar un espacio para abrir brecha a favor de políticas progresistas y rupturistas.
Una primera campaña debiera ser el desarrollo de una Auditoría Ciudadana de las Deudas en la que se aclarase quiénes son los acreedores, el peso de la deuda pública y privada, cómo se contrajo esa deuda, sus condiciones de pago y plazos, la legitimidad de la misma, así como los usos de esta financiación. Esa campaña perseguiría la transparencia en las cuentas y dimensionaría la situación abordando la principal losa que ahora atenaza a la economía y la sociedad: el brutal endeudamiento general, especialmente privado. Ese ejercicio pedagógico permitiría a la mayoría social entender no sólo el por qué de este obstáculo, sino también arrojaría luz sobre las posibles soluciones.
Se observaría cómo se escogió promocionar el endeudamiento del sector público frente a la opción de financiarse con una fiscalidad justa sobre las rentas del capital. Veríamos entonces que gran parte de los acreedores han actuado con un sin fin de privilegios y ventajas. Se vería como esta política monetaria, especialmente desfavorable para los países periféricos, abocó a una política financiera, en un contexto de regulación flexibilizadora políticamente dirigido, totalmente laxa e irresponsable. Una política financiera concebida para estimular la demanda interna promoviendo el endeudamiento de los particulares y no redistribuyendo la riqueza aumentando los salarios y reforzando los servicios y la inversión públicos. En fin, una política regresiva que concedía préstamos y créditos con garantías y avales que hacían recaer todo el riesgo de las operaciones en los endeudados.
Es prioritario exigir una fuerte quita sobre las deudas. Primero la deuda pública contraída o empleada ilegítimamente. A continuación, una fuerte regulación sobre la deuda privada para establecer ponderadamente el sacrificio para responder a dichas situaciones. En este capítulo entrará una regulación sobre las deudas entre el sector público y el privado o viceversa, o entre empresas. Pero también en el capítulo hipotecario, no sólo con la reclamación de la dación en pago, sino también mediante una regulación fiscal fuerte sobre las viviendas vacías y en desuso, una expropiación de las no debidamente mantenidas o adaptadas ecológicamente a un modelo urbano sostenible, o la constitución de un parque público de alquiler, y la regulación de un derecho universal al usufructo de un lugar de residencia en régimen de alquiler socialmente asumible en base a una proporción de los ingresos personales y un mínimo exento.
¿Otra UE es posible?
La UE tal y como la conocemos, institucionalizada mediante la moneda única y el Pacto del Euro, multiplica los efectos de los fundamentos económicos que han llevado a la crisis e impiden una gestión eficaz y socialmente justa de la misma. Son estos últimos los que deben alterarse profundamente en una orientación radicalmente distinta. No es en sí mismo el Euro el que causa la crisis, sino su vehículo. No se trata de salirse, pero tampoco conviene estar a toda costa dentro de su marco.. Es necesario construir Otra Europa. Este proyecto alternativo debiera ser emprendido de manera internacionalista, con cuantos más miembros mejor. No es la opción de permanecer o salirse del euro la primera pregunta a contestar. Hay numerosos países que están fuera de la eurozona, pero dentro de la UE, y también padecen las mismas circunstancias depresivas. El recurso a la política monetaria y fiscal, así como la posibilidad de devaluar (posibilidades con las que contaría un país que se saliera del euro), no impediría un empobrecimiento severo de la población que, para un solo país, sería francamente adverso. Además, también sería necesario desarrollar una política de control de capitales, atajar la evasión de los mismos y establecer medidas proteccionistas transitorias. Pero medidas de este tipo sólo serán socialmente sostenibles si se aplican simultáneamente en varios países, capaces en su conjunto de resistir los embates del aislamiento financiero y comercial, y con una envergadura mínima para iniciar un desarrollo endógeno que, para ser viable y justo, debe ser redistributivo y contar una participación ciudadana radicalmente democrática en su diseño.
Islandia nos ha mostrado un paso ejemplar. Pero necesitamos dos, tres, muchas Islandias para construir una nueva Europa con una nueva orientación anticapitalista e internacionalmente solidaria. Levantar esa bandera comienza desde los movimientos sociales y obreros europeos, desde las fuerzas de izquierda internacional, emprendiendo una campaña supranacional que, quizá podría empezar por una campaña de solidaridad con los y las trabajadoras griegas, y debería seguir por los países periféricos europeos.
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