La explosión de la crisis de la deuda griega, la situación de permanente chantaje mediante la cual los mercados financieros mantienen a Estados como España, Italia o Portugal al borde del abismo financiero, así como la enorme debilidad institucional que está demostrando la UE a la hora de gestionar situaciones de crisis, explicita la verdadera naturaleza del proyecto europeo. Una UE diseñada para beneficiar al capital, sobre todo financiero, e incapaz de cohesionar la región a partir de bases económicas y sociales convergentes. Un euro muy eficaz para imponer la disciplina fiscal y el ajuste salarial pero que ignora las importantes diferencias económicas entre las regiones europeas, por lo que es inválido para lograr cierta homogeneidad (ni siquiera financiera) entre los países de la Unión. Unas instituciones competentes para despojar a los Estados de su capacidad de intervenir sobre aspectos de política económica fundamentales, pero que tampoco diseña políticas económicas coordinadas y eficaces a escala europea.
Una UE como la que conocemos, constreñida por el Pacto del Euro y al servicio de los intereses de los bancos, no va a permitir que los países europeos salgan de la crisis. Ni Grecia ni el Estado español podrán hacerlo si se insiste en seguir aplicando las mismas medidas. En primer lugar, porque los países del euro ya no tienen capacidad para devaluar sus monedas, lo cual les facilitaría vender de forma más ventajosa sus productos en el extranjero y de esta forma contribuir a la reactivación de la actividad económica y el empleo. Sobre este aspecto, es interesante analizar las distintas trayectorias de países como Suecia y Noruega (que han utilizado la devaluación) frente a Finlandia (que no ha podido hacerlo).
En segundo lugar, los acuerdos de la UE impiden operar una política fiscal expansiva (incremento potente del gasto público) que tan necesaria sería en esta situación. Los objetivos institucionalmente comprometidos de déficit y deuda pública, en un contexto de consenso generalizado sobre los recortes de impuestos, suponen un corsé muy severo para la realización de gastos públicos. Así, a pesar de la urgencia de una fuerte intervención estatal al servicio de la creación de empleo y la transformación del modelo productivo con criterios de utilidad social y sostenibilidad ambiental, el “remedio” que nos llega de las instituciones europeas son recortes sistemáticos del gasto público.
Por último, tanto los bancos centrales de los países de la Unión como el BCE carecen de potestad para incidir de forma efectiva sobre la emisión de dinero y su precio (los tipos de interés). Ahora sería necesaria la aplicación de una política monetaria, con un BCE que asumiera sus responsabilidades para con la ciudadanía y que dejara de actuar como representante de los acreedores (bancos y otros agentes que poseen deuda). Cuando los Estados lo necesitan, como ahora el griego, el BCE debería comprar su deuda pública, en vez de financiar a los bancos privados para que lo hagan a un coste mucho mayor (tipos de interés más altos) y enriqueciéndose con la operación. Lo que un banco central responsable debe garantizar no es la alta rentabilidad de los activos financieros (como la deuda pública), sino el establecimiento de condiciones monetarias y financieras que colaboren en la reactivación de la actividad económica y la generación de empleo. Y ambos objetivos, particularmente en coyunturas como la actual, son incompatibles. Sigue leyendo →
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